Principia Luris: Teoría del Derecho y de la Democracia 2. Teoría de la Democracia – Luigi Ferrajoli – 1ra Edición

Según la concepción ampliamente dominante, la democracia consiste en un método de formación de las decisiones públicas: y precisamente en el conjunto de las reglas que atribuyen al pueblo, o mejor, a la mayoría de sus miembros, el poder, directo o mediante representantes, de asumir tales decisiones. Ésta no es sólo la acepción etimológica, sino también la concepción de la «democracia» casi unánimemente compartida por la teoría y la filosofía política1 . Conforme a ella, la fuente de legitimación del poder es la auto-nomía, esto es, la libertad positiva, consistente en «gobernarse por sí mismos» y «en no hacer depender de nadie más que de uno mismo la regulación de la propia conducta»2 : en otras palabras, en el hecho de que las decisiones se adopten, directa o indirectamente, por sus mismos destinatarios, o, más exactamente, por su mayoría, de modo que sean expresión de la «voluntad» y la «soberanía popular». Podemos llamar formal o procedimental a esta definición de la democracia.

En efecto, identifica a la democracia simplemente conforme a las formas y procedimientos idóneos justo para garantizar que las decisiones producidas sean expresión, directa o indirecta, de la voluntad popular. La identifica, en una palabra, por el quién (el pueblo o sus representantes)3 y el cómo (la regla de la mayoría) de las decisiones, independientemente de sus contenidos, es decir, del qué viene decidido. Incluso un sistema en el que se permitiera decidir por mayoría la reducción de los derechos de las minorías sería, de acuerdo con este criterio, «democrático». La tesis que pretendo sostener es que esta caracterización solamente formal de la democracia no es suficiente para fundamentar una definición adecuada de ella y que, con tal fin, hay que integrarla con la indicación de algún vínculo de carácter sustancial o de contenido.

Es lo que haré en esta cuarta parte, articulada en cuatro capítulos dedicados, respectivamente, a las dimensiones (formal y sustancial), a las formas (civil y política), a los contenidos (liberales y sociales) y a los niveles (estatales, supraestatales e infraestatales) en los que se articula, gracias a la estipulación normativa de los respectivos derechos, el paradigma de la democracia constitucional. No es tampoco inútil repetir cuanto ya se ha dicho en la Introducción: la teoría de la democracia aquí desarrollada no es una teoría «formal» (en el sentido epistemológico y metateórico del término, bien distinto del teórico [D9.1, D12.34] en el que aquí se utiliza) ni por tanto formalizada.

Es una teoría normativa, que hace uso de todo el aparato conceptual elaborado por la teoría formal del derecho, del que representa una interpretación semántica de tipo axiológico o normativo, si bien anclada en la experiencia constitucional de las actuales democracias avanzadas. Que la dimensión formal de la democracia como poder basado en la voluntad popular exprese un rasgo necesario es indudable: se trata, como se ha visto en el § 12.18, de una conditio sine qua non en ausencia de la cual no se puede hablar de «democracia» en absoluto. ¿Pero es ésa la única condición necesaria? ¿Es suficiente una connotación puramente formal de la democracia para identificar todas las condiciones que se exigen a un sistema político para que pueda ser considerado «democrático» y, más específicamente, como una «democracia constitucional»? Creo que no. Enumeraré cuatro razones, correspondientes a otras tantas aporías, que exigen que sea integrada por límites y vínculos sustanciales o de contenido.